Agradecimiento al Licenciado Cuauhtémoc Hugo Contreras Lamadrid.


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1 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE DERECHO SEMINARIO DE DERECHO PROCESAL. 11 CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL UBA - UNAM "LÍMITES DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD" ASPECTOS PROCESALES DE LA CORTHE IDH A) EL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 8} El DERECHO A LA VERDAD Y LA CARGA DE LA PRUEBA Noviembre del 2017 La duda es uno de los nombres de la inteligencia Jorge Luis Borges ( ) Agradezco a Dios estar vivo y tener la posibilidad de compartir con ustedes este día esta dinámica en este Congreso. Agradecimiento a las Facultades de Derecho de Derecho de la UNAM y la UBA por la invitación a este Congreso. Agradecimiento al Licenciado Cuauhtémoc Hugo Contreras Lamadrid. l. INTRODUCCIÓN. El lema o título de este Segundo Congreso se denomina los Límites del Control de Convencionalidad, planteamiento que para el de la voz se presenta como una especie de duda o interrogante. como el método socrático Es en la jurisprudencia de la Corte Interamericana surgió el concepto de control de convencionalidad, para denominar a la herramienta que permite a los Estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno, a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales, con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y su jurisprudencia. A partir de la Reforma Constitucional de Junio del 2011 en que se modificó el artículo 1 CPEUM, así como del análisis efectuado por la SCJN, se estableció que cualquier juzgador podría hacer un análisis sobre la vulneración a los derechos humanos por parte de una norma o precepto legal, sin que los jueces comunes puedan hacer una declaratoria sobre la constitucionalidad del precepto, pero sí podrían realizar una interpretación de la misma y dejar de aplicarla cuando la consideren transgresora de los derechos humanos. "Los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces,

2 como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un 'control de convencionalidad' ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte lnteramericana, intérprete última de la Convención Americana." El Control de la convencionalidad le ha otorgado un nuevo ímpetu o impulso a los órganos jurisdiccionales, permitiéndoles una mayor libertad en el tramite de los procedimientos. Es una bocanada de aire fresco que para algunos puede resultar excesivo y que por ello estas interrogantes sobre sus límites. La Corte IDH, conforme a lo que ha establecido la SON,se ha transformado en un referente o modelo al cual deben estar atentas necesariamente las autoridades jurisdiccionales, entre otras áreas, en la relativa a la etapa probatoria e ir abriéndose o renovando los criterios para permitir una mayor libertad a las partes, que nos invite a reflexionar sobre la eliminación de obstáculos en la etapa probatoria de cualquier proceso. No es una tarea que se antoje fácil y requiere un pensamiento abierto, franco y sincero. Será violatorio de los derechos humanos limitar las excepciones que se pueden oponer en un juicio ejecutivo? Qué tanto se sostendrá en una revisión de legalidad y constitucionalidad un auto que permita un interrogatorio abierto a los testigos y a las partes sin las camisas de fuerza que los códigos procesales han impuesto? Esto me recuerda aquella frase de Gabriel García Márquez que dice que "La Sabiduría nos llega en la vida cuando ya no nos sirve de nada", por el contrario, la reforma Constitucional del 2011 nos permite romper paradigmas y acercarnos más a lo que nos enseñaron que es la Justicia, el dar a cada quien lo suyo, li. EN CUANTO A LA TEORÍA DE LA PRUEBA Y SU EFICACIA. El adjetivo eficaz significa que algo o alguien tienen eficacia, es decir, que ese algo tuvo la capacidad de alcanzar un objetivo o propósito, pues produjo el efecto deseado. Si se es eficaz, por lo tanto, quiere decir que se consiguieron las metas u objetivos. Esto es, se analiza el resultado con referencia a las metas propuestas. El objetivo es el fin que se desea alcanzar, es decir, llegar a la meta que se pretende lograr u obtener.

3 La etimología de Prueba al igual que el verbo probar, la encontramos en el latín Probus = que quiere decir bueno, honesto, honrado. Entonces, lo que resulta probado es bueno es auténtico. Cuando hablamos de probar de forma genérica nos referimos a la acción de hacer patente, verificar o demostrar que determinado hecho, afirmación, aserto, tesis o alegación es verdad. En las Siete Partidas se definió a la Prueba como "El averiguamiento hecho en juicio en razón de alguna cosa dudosa". Cuando estudié la Teoría General de la Prueba, recuerdo la obligada referencia al didáctico libro del Maestro Cipriano Gómez Lara (1), señalando que hablar de la teoría general de la prueba implicaba o presuponía la aceptación de la Teoría General del Proceso. La mayoría de los procesos judiciales o enjuiciamientos cuentan con una etapa probatoria en función de la naturaleza civil, penal, laboral, etc. del proceso. Desde luego hay algunos procesos de puro Derecho en los que no hay pruebas, sin embargo, no podremos decir que en estos procesos no existe duda, por supuesto que la existe y está en la fortaleza de los razonamientos el crear convicción en el juzgador. Por el desarrollo profesional del suscrito al analizar la eficacia probatoria, pienso de inmediato en procedimientos de naturaleza civil, mercantil o constitucional, que son las que he practicado, sin embargo, la teoría es genérica y por tanto refiere a todas las materias, como sería también la penal, administrativa, laboral, por mencionar algunas otras. Prueba es la verificación o demostración de las afirmaciones formuladas en el proceso que conducen a generar convicción en el juzgador al momento de dictar la sentencia. La Finalidad de Pruebas en un proceso, será obtener el convencimiento o persuasión del juzgador respecto de la correspondencia entre las afirmaciones de las partes y los hechos que fundamentan la acción o las excepciones. Para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas. René Descartes ( ) Filósofo y matemático francés. El que nada duda, nada sabe. Proverbio griego Uno de los problemas que se enfrentan como dice Cipriano Gómez Lara, es que, en ocasiones el juzgador equivocadamente llegue a conclusiones a las que no debería de haber llegado.

4 En la obra de Santiago Sentís Melendo, intitulada "LA PRUEBA", el primer capítulo se titula de forma cautivadora ya que es absolutamente real, pues le denomina "LA PRUEBA ES LIBERTAD, y al hacerlo explica la confusión común entre lo material o sustancial de la prueba con lo formal o procesal. Afirma "... No hay nada más sustancial en la vida del derecho que el proceso, nada más sustancial que una sentencia, no hay fenómeno jurídico más creador de derecho que dicha sentencia... ", acaba señalando "SIN LIBERTAD NO HAY PRUEBA", por ende, y esto ya es cosecha del suscrito, las limitaciones que se van imponiendo tanto en la forma como en la substancia a las pruebas, constituyen limitaciones a la libertad de prueba. En aquella época (1979) Sentís Melendo hablaba de la Revolución Probatoria, preguntándose cómo se incorporarían la radio y la televisión a los medios de prueba, hoy en día estamos hablando de una mayor revolución probatoria que es paralela en el mismo grado que los avances tecnológicos que existen. Solo con libertad el litigante puede aportar todos los medios de prueba a su alcance y el juez por su parte allegarse del mayor número de pruebas para el soporte de su decisión en la sentencia que dicte. También afirmaba que a la prueba cuanto más se le envuelva en formas más se le quitará el genuino carácter de libertad. El fin de la prueba para Lessona es el descubrimiento de la verdad, sin embargo, cuando estamos hablando de eficacia probatoria para que exista dicha eficacia, conforme lo platicamos antes, cuál será realmente el objetivo que queremos conseguir, para con base en dicho fin poder concluir si una prueba fue o no eficaz. Otro aspecto relevante que en su momento menciona Sentís Melendo es el que refiere a la época en que las leyes procesales van siendo creadas y transformadas, cuando habla a propósito del mito del principio Dispositivo de las pruebas, recordando que los códigos muchas veces o guardan relación con el régimen político imperante, sin embargo, no tienen el nivel de avance que han tenido otras ramas del Derecho y requieren un ajuste por los jueces. Así, por ejemplo, el Código de Comercio en México es de la época de Don Profirio Díaz, mientras que bajo el Principio de Convencionalidad los jueces deben de ajustar las leyes para que no se violenten los Derechos fundamentales reconocidos a mediados y finales del siglo pasado o principios de este e I siglo XX. A las partes les corresponde aportar las Fuentes de las Pruebas a los jueces los Medios de Prueba, o como diría Salvatore Satta: "El abogado conoce para hacer conocer, el juez conoce según lo que le es hecho conocer."

5 Otra área interesante y que podremos tocar en otro momento es el aspecto psicológico de la prueba especialmente en la etapa de valoración que realizan los juzgadores, al cual le dedica un capítulo entero Enrique Falcón en su obra Tratado de la Prueba. lii. EL PROCESO ANTE LA COMISION IDH. Sabemos que en tratándose de la Corte lnteramericana de Derecho Humanos no cualquiera puede instarla y presentar o someter un caso, sino que tiene que ser a través de la Comisión IDH o bien Un Estado por actos cometidos por otro Estado. Para que la Comisión IDH someta un caso a la Corte IDH debe seguirse el proceso que establece el Reglamento. El artículo 23 del reglamento establece q cualquier persona o grupo de personas o una entidad no gubernamental, legalmente reconocida en uno o más de los estados que son miembros de la OEA, puede presentar a la Comisión una petición en su propio nombre o de terceras personas, referentes a la presunta violación de alguno de los derechos humanos reconocidos por las diversas convenciones sobre Derechos Humanos como el Pacto de San José, la Declaración Americana de los Derechos y deberes del Hombre, etc. La secretaría Ejecutiva de la Comisión es la responsable del estudio y trámite inicial de las peticiones presentadas ante la Comisión, la que se encargará de verificar que la petición reúna los requisitos establecidos en el artículo 28 del mismo Reglamento, como son el nombre de los denunciantes, la dirección de correo electrónico para recibir correspondencia, número de teléfono, facsímil y dirección postal, la relatoría de hechos de la situación denunciada, con especificación de lugar y fechas de las violaciones alegadas, de ser posible el nombre de la víctima aspi como la de la autoridad que haya tenido conocimiento del hecho, la indicación del estado que se estima responsable por acción u omisión de la violación de alguno de los derechos humanos, señalamiento del plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que la presunta víctima haya sido notificada de la decisión que agotó los recursos internos, las gestiones para agotar los recursos de la jurisdicción interna o la imposibilidad de hacerlo, etc. Una vez admitida la petición cuyo trámite no es sencillo conforme al Reglamento, se procede al análisis y proceso sobre el Fondo, en donde podemos encontrar los primeros asomos sobre pruebas y valoración de las mismas. Por ejemplo, el artículo 38 del Reglamento de la Comisión IDH, señala que se presum1ran como verdaderos los hechos alegatos en la petición cuyas partes pertinentes se hayan transmitido al Estado si este no suministra información relevante para controvertirlos, siempre que de otros elementos probatorios no resulte una conclusión contraria. Luego de la deliberación y voto sobre el fondo por parte de la Comisión, si considera que hubo violación, prepara un informe preliminar con proposiciones y recomendaciones, el

6 cual se lo notificará al Estado en cuestión, en cuyo caso le fijará un plazo dentro del cual el Estado deberá informar sobre la medidas adoptadas para cumplir las recomendaciones. En el caso de los Estados Partes en la Convención Americana que hubieren aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte lnteramericana, al notificar el informe preliminar al peticionario, la Comisión le dará oportunidad de presentar dentro del plazo de un mes su posición respecto del sometimiento del caso a la Corte. Si el peticionario tuviere interés en que el caso sea sometido a la Corte, presentará a la comisión lo siguiente: a La posición de la victima o sus familiares si fueran distintos al peticionario b Los fundamentos con base en los cuales considera que el caso debe ser remitido a la corte c Las pretensiones en materia de reparaciones costosas Si el Estado ha aceptado la jurisdicción de la Corte lnteramericana y la Comisión IDH considera que no ha cumplido las recomendaciones del informe aprobado, someterá el caso a la Corte. VI. ASPECTOS RELEVANTES DEL PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE IDH El caso es sometido a la Corte IDH mediante la presentación del Informe al que refiere el art. 50 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, debiendo contener los hechos supuestamente violatorios, la identificación de las presuntas víctimas, remite copia dela totalidad del expediente ante la Comisión incluyendo las comunicaciones posteriores al informe, las pruebas que recibió, con indicación de los hechos y argumentos sobre los cuales versan. El Secretario de la Corte IDH notifica el sometimiento del caso a los Jueces y la Presidencia, al estado demandado, a la presunta víctima y a sus representantes. Las presuntas víctimas cuentan con un plazo de dos meses para presentar ante la Corte un escrito denominado de solicitudes, argumentos y pruebas que deberá contener: a. Una descripción de los hechos dentro del marco fáctico fijado en la presentación de la Comisión. b. Las pruebas que solicite se desahoguen debidamente ordenadas, señalando los hechos y argumentos sobre los cuales versan. c. Los testigos y el objeto de su declaración, si se ofrecen peritos deberán acompañar su hoja de vida y datos de contacto, y por último deben indicar las pretensiones incluyendo lo referente a reparaciones y costas. El Estado demandado por su parte, debe presentar un escrito en el que fije su posición sobre el caso sometido a la Corte y en su caso también sobre el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de las presuntas víctimas. En esta contestación el Estado debe indicar:

7 a. Si acepta los hechos y las pretensiones o si los contradice, b. Indicará las pruebas debidamente ordenadas, señalando los hechos y argumentos sobre los cuales versan. c. La propuesta sobre declarantes y el objeto de su declaración, y en caso de ofrecer peritos deberán acompañar su hoja de vida y datos de contacto d. Los fundamentos de Derecho, sus observaciones sobre las reparaciones y costas solicitadas y las conclusiones pertinentes. Puede el Estado demandado oponer excepciones preliminares en cuyo caso expondrá los hechos en los que se base y los fundamentos de derecho así como los documentos en que se apoye. En un artículo denominado "LA PRUEBA EN LOS PROCESOS ANTE LA CIDH", consultable en la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM, ALIRIO ABREU BURELLI, quien fuera en algún momento Juez de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, señala que en cuanto a pruebas se refriere, en cualquier proceso de Derecho Internacional, empezando por el Arbitraje que fue el referente a finales del siglo XIX y acabando en los procesos como el de la Corte IDH, se confiere un amplio margen de libertad a las partes para el ofrecimiento y presentación de pruebas. La Corte IDH tiene plena discrecionalidad para solicitar de oficio otras pruebas en el proceso, así como también en la etapa de valoración de dichas pruebas. De igual forma las partes tienen libertad en el ofrecimiento de las pruebas, evidenciando a primera vista una evidente desigualdad entre las partes y sobre lo cual se ha escrito en varios artículos y se ha reconocido incluso por la CIDH. El Reglamento de la Corte IDH contiene aspectos relevantes como se han señalado para efectos de lo referente a esta mesa sobre la Carga de la prueba señalo: 1. Aceptación tácita del Estado Demandado de aquellos hechos que no sean expresamente negados y de las pretensiones que no fueren expresamente controvertidas dentro del escrito de contestación respectivo. 2. En el escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas que debe presentar la presunta Víctima o sus representantes, dentro del plazo de dos meses a partir de la notificación que se les haga, debe incluir la descripción de los hechos, así como el ofrecimiento de pruebas. En este mismo escrito deberán realizar la Individualización de los declarantes estableciendo el objeto de su declaración. 3. Por su parte el Estado Demandado deberá exponer su posición respecto del caso sometido a la Corte, en donde también ofrecerá pruebas, establecerá la necesidad de Declarantes y peritos. 4. Existe también la posibilidad de que posterior a ambos escritos, se permita a las partes la realización de otros actos del procedimiento escrito, es decir, la aportación de otras pruebas documentales.

8 5. En la etapa del Procedimiento Oral, según lo denomina el propio Reglamento de la Corte, se realizarán las audiencias, estableciendo la necesidad de que las parte señalen cuáles de los testigos pueden comparecer mediante declaración ante fedatario y cuáles deben rendirlo ante la Corte. 6. El que ofrece la prueba está obligado a asumir el costo que dicha prueba ocasione. 7. El valor de las pruebas, de las declaraciones y objeciones será apreciado libremente por la Corte. Describe ANDREU BURELLI que la Corte IDH ha utilizado como fuente inmediata en materia probatoria la experiencia de la Corte internacional de Justicia, la cual también tuvo como fuente inmediata los procedimientos de Arbitraje internacional. Describe también que dentro de estos elementos que se toman de la Corte Internacional se encuentra la naturaleza flexible y empírica que rechaza el sistema restrictivo de pruebas, y por el contrario, permite al juzgador gozar de una gran libertad en la apreciación de la prueba a fin de generar su convicción sin estar sujeto a reglas rígidas. En Cuanto a la CARGA DE LA PRUEBA menciona ANDREU que la Corte IDH tiene un enfoque desde un ángulo distinto en donde la carga de la prueba le corresponde tanto al demandante como al demandado. Parte de la bese de que el Estado es quien tiene el control de los medios para aclarar los hechos ocurridos dentro de su territorio pues, aunque la Comisión IDH tiene la facultad para realizar investigaciones in loco o in situ, depende en la práctica de la cooperación y medios del gobierno del Estado para que se realicen dentro de su jurisdicción. Conforme a ANDREU BORELLI, los principios que guían la actividad probatoria en el proceso ante la Corte IDH, son: 1. Principio de Libertad. Dice Sentís Melendo que sin libertad no hay prueba, la verdadera prueba será la que permite verificar los hechos a través de cualquier medio. El sistema de pruebas del Reglamento de la Corte IDH otorga amplia libertad a las partes, misma libertad que le confiere al juzgador cuando en el artículo 58 permite a la corte recabar pruebas de oficio. 2. Principio de Igualdad. Las partes ofrecen sus pruebas en sus escritos respectivos y tiene el mismo derecho y oportunidad para hacerlo. También este principio se refleja en el hecho de que las pruebas allegadas por una de las partes, debe ser comunicada a la otra, a fin de darle oportunidad de contradecirlas.

9 Las partes tendrán también derecho a hacer repreguntas a testigos, a peritos y a objetar documentos ofrecidos por la contraparte. 3. Principio de Inmediación. Este principio se refiere al contacto e intervención directos e inmediatos de los jueces que han de resolver. En la etapa oral del proceso los jueces pueden formular preguntas a los testigos, peritos o demás personas que hayan comparecido. El argumento en contra de esta inmediación es que los jueces a través de las preguntas que formulen, pueden asomar una prematura indicación de sus ideas sobre el caso otra discusión se ha dado sobre las diligencias probatorias de oficio que establece el artículo 58 del Reglamento de la CIDH con una posible repetición de prueba obtenida en el trámite seguido ante la comisión IDH. 4. Principio de Adquisición de Prueba. En virtud de este principio las pruebas una vez ofrecidas y realizadas, despliegan su entera eficacia probatoria a favor o en contra de ambas partes sin importar cuál de ellas la ha ofrecido. Derivado de este principio las pruebas no solo sirven al exclusivo interés de quien la promueve y realiza su desahogo, sino que pertenecen ya al proceso. 5. Principio de razonabilidad Conforme al Reglamento de la CIDH existe un amplio margen de discrecionalidad de la CIDH para admitir una prueba. En el caso Cayara la Corte señaló que el sistema procesal es un medio para realizar la justicia, y esta no puede ser sacrificada en aras de meras formalidades. En cuanto a la obtención y la valoración de las pruebas. Sabemos que el momento para ofrecer pruebas en los procedimientos ante la CIDH es al presentarse la demanda por la comisión o bien contestar el Estado demandado. Existe también la posibilidad de admisión de pruebas supervivientes, así como las pruebas de oficio que bajo la facultad discrecional puede la CIDH mandar, preparar y desahogar. El desahogo de las pruebas testimoniales y parciales debe realizarse en la etapa denominada como oral. Si tomamos en consideración el fin último de la CIDH, de la propia comisión y del procedimiento ante ambos, que es la defensa y protección de los

10 derechos humanos, podemos justificar sin problema la amplitud de las facultades de la comisión y la CIDH para investigar y determinar si se ha producido una violación por el Estado de los derechos fundamentales en perjuicio de la o las víctimas. En cuanto a la valoración de las pruebas, conforme a los mismos principios y bases que hemos señalado, la CIDH no está constreñida a valorar las pruebas de una u otra forma. En el caso de Velásquez Rodríguez, Godínez Cruz y Farien Garby, la CIDH decretó que los tribunales internacionales poseen la facultad de evaluar libremente las pruebas. Asimismo, la jurisprudencia de la CIDH ha señalado que es fundamental entender que la finalidad es la protección internacional de los derechos humanos y no debe confundirse con la justicia penal. Cuando el Estado comparece ante la CIDH no lo hace como un sujeto en el proceso penal, pues la CIDH no impone penas a personas culpables de violar los derechos fundamentales de las víctimas. La función de la CIDH es proteger a las víctimas y determinar la reparación de los daños ocasionados por los Estados responsables de las acciones de sus autoridades. 1 GÓMEZ LARA CIPRIANO Teoría General del Proceso Editorial Halla Octava Edición 1990, México. 2 SENTÍS MELENDO SANTIAGO. Introducción al Derecho Probatorio "Madrid.l SENTÍS MELENDO SANTIAGO. La Prueba. Valletta Ediciones. Buenos Aires Op. Cita pag LESSONA CARLOS. Teoría General de la Prueba en Derecho Civil. Hijos de Rius Editores. Madrid PALLARES EDUARDO. Diccionario de Derecho Procesal Civil. México. Porrúa Pág TYLER TOM Y HUO YUEN J., Trsut in the Law. Encouraging Public Cooperation With The police and Courts. Russel Sage Foundation. Nueva York ABREU BURELLI, ALIRIO. La Prueba en los Procesos ante la Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Biblioteca Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

11 9 FALCÓN, ENRIQUE M. Tratado de la Prueba. Argentina. Editorial Astrea. 2003

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