CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR


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1 DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR Constitución publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 15 de Enero de 1975 TEXTO VIGENTE Última reforma publicada BOGE Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno del Estado de Baja California Sur. BANDO SOLEMNE F E L I X A G R A M O N T C O T A Gobernador Provisional del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, a sus habitantes hace saber: Que el H. Congreso Constituyente del Estado ha enviado para su promulgación la presente DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR TITULO PRIMERO PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 1o.- El Estado de Baja California Sur es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, y es libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen interior, conforme a los preceptos de la Constitución General de la República. 2o.- La Constitución General de la República y esta Constitución son la Ley suprema del Estado. Los ordenamientos que de ellas emanen, forman la estructura jurídica del Estado de Baja California Sur. 3o.- Las Autoridades y Funcionarios del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les conceden esta Constitución, la General de la República y las Leyes que de ellas emanen. 4o.- Es función del Estado proveer el desenvolvimiento de todas las facultades de sus habitantes y promover en todo, a que disfruten sin excepción de igualdad de oportunidades, dentro de la justicia social. 5o.- Es finalidad del Estado promover la participación de todos los ciudadanos en los procesos que norman la vida pública y económica de la comunidad. Fomentar la conciencia de la solidaridad Estatal, Nacional e Internacional. 1

2 6o.- Es función del Estado promover el desarrollo económico y social garantizando que este sea sustentable e integral y regular el proceso demográfico, para procurar el progreso social compartido y la distribución equitativa de la riqueza, buscando garantizar la justicia social. T I T U L O S E G U N D O DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS 7o.- En el Estado de Baja California Sur todas las personas gozarán de los derechos humanos que reconoce la Constitución General de la República, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y esta Constitución, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Igual protección asume respecto de los derechos fundamentales que, en ejercicio de su soberanía, consagra en este cuerpo Constitucional. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución General de la República, los tratados internacionales de la materia y esta Constitución favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 8o.- Los habitantes del Estado tienen todos los derechos y libertades consagrados en esta Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que nuestro País es parte, sin distinción alguna. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos o libertad de las personas. 9o.- Todo hombre y mujer serán sujetos de iguales derechos y obligaciones ante la Ley. 10o.- Todos los habitantes del Estado tienen derecho a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos y obligaciones en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo El matrimonio y la familia constituyen la base fundamental de la comunidad; consecuentemente, el hogar, la maternidad y la infancia serán objeto de especial protección por parte de las autoridades. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de él, tienen derecho a igual protección y a ser inscritos en el Registro Civil. Es derecho correlativo a la calidad de padres, la determinación libre, informada y responsable, acerca del número y espaciamiento de los hijos y su educación, como deber supremo ante la sociedad. Toda medida o disposición protectoras de las familias y la niñez se consideran de orden público. 2

3 12.- La educación será motivo de especial atención del Estado, asumiendo el ejercicio de todas las atribuciones que le confieren el Artículo 3o. de la Constitución General de la República y sus disposiciones reglamentarias. Su orientación descansará en los principios señalados en dicho precepto y en el desenvolvimiento integral y racional de los recursos socioeconómicos del Estado Todos los habitantes del Estado tienen derecho a recibir educación. El Estado y Municipios impartirán educación, preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. La educación que impartan el Estado y Municipios será gratuita La propiedad privada se respetará y garantizará en el Estado, con las modalidades que para su ejercicio, como función social, le impone el Artículo 27 de la Constitución General de la República, buscando el aprovechamiento racional de los recursos naturales susceptibles de apropiación, para propiciar la distribución equitativa de la riqueza pública, preservar su conservación y coadyuvar al progreso social. Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Las autoridades Estatales asumirán el ejercicio de todas las atribuciones que les confiere el Artículo 27 de la Constitución General de la República y sus disposiciones reglamentarias, en favor de los núcleos de población interesados Las Leyes locales organizarán el patrimonio familiar, determinando los bienes que deban constituirlo, sobre la base que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni gravamen alguno Las Autoridades Estatales organizarán, coordinarán y fomentarán la vida económica de la entidad, para asegurar a todos los habitantes una existencia digna, tomando en consideración que los factores de la producción garantizan la justicia social El trabajo es un derecho del individuo y un deber del individuo para con la sociedad. En consecuencia, el Estado protegerá, en beneficio de los trabajadores, el cumplimiento de los derechos y prerrogativas establecidos en el Artículo 123 de la Constitución General de la República Todos los habitantes del Estado tienen derecho a la protección de la salud y seguridad sociales, teniendo como objetivo la permanente superación del nivel de vida de la población y el saneamiento del medio ambiente. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud proporcionados por el Estado Todos los habitantes del Estado tienen derecho a participar en la vida cultural, artística, científica y tecnológica de la comunidad y en los beneficios que de ello resulten. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde a las autoridades Estatales y Municipales su estímulo, fomento, desarrollo, fortalecimiento, protección y garantía conforme a las leyes de la materia Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 3

4 Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Queda prohibida la pena de muerte y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda persona reducida a prisión tiene derecho a la readaptación social, y los beneficios que de ella resulten, sobre las bases del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación y la reestructuración de su personalidad, inspirados en un criterio de defensa social, eliminando todo concepto de venganza colectiva, con el objeto de restablecer su dignidad. El Gobierno del Estado establecerá instituciones especiales para el tratamiento de menores infractores T I T U L O T E R C E R O DE LA POBLACION CAPITULO I DE LOS HABITANTES 21.- Se consideran habitantes del Estado todas las personas que se encuentran dentro de su territorio Son obligaciones de los habitantes del Estado. I.- Cumplir con los preceptos de esta Constitución, los de las Leyes, reglamentos y disposiciones que de ella emanen y respetar a las autoridades; II.- Contribuir a los gastos públicos del Estado y del Municipio en que residan, en la forma proporcional y equitativa que dispongan las Leyes; III.- IV.- V.- VI.- VII.- Inscribir en el Registro Civil los actos constitutivos o modificativos del estado civil; Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior y reciban la instrucción militar, en los términos que establezca la ley. Tener un modo honesto de vivir; Dar auxilio a las autoridades en los casos de urgencia; y Si son Extranjeros, contribuir para los gastos públicos de la manera que dispongan las Leyes; obedecer y respetar las Instituciones, Leyes y Autoridades del Estado; sujetarse a los fallos y sentencias de los Tribunales; sin poder invocar o intentar otros recursos que los que se conceden a todos los mexicanos. 4

5 CAPITULO II DE LOS SUDCALIFORNIANOS 23.- Son Sudcalifornianos: I.- Los que nazcan en el territorio del Estado. II.- Los mexicanos hijos de padre y madre Sudcalifornianos, cualquiera que sea el lugar de su nacimiento. III.- Los mexicanos que tengan domicilio establecido y una residencia efectiva de 3 años, por lo menos, dentro del territorio del Estado, y manifiesten su deseo de adquirir esta calidad. IV.- Los Mexicanos que, habiendo contraído matrimonio con Sudcalifornianos, residan cuando menos, un año en el Estado, y manifiesten su deseo de adquirir esta calidad La calidad de Sudcaliforniano a la que se refieren las fracciones III y IV del Artículo anterior, se pierde por ausentarse de la entidad durante más de 2 años consecutivos, excepto cuando la causa sea: I.- II.- Por ausencia en el desempeño de cargos públicos o de elección popular; y Por ausencia con motivo de la realización de estudios profesionales, científicos o artísticos, efectuados fuera de la entidad por el tiempo que lo requieran La calidad de Sudcaliforniano se pierde por la adquisición expresa de otra. CAPITULO III DE LOS CIUDADANOS SUDCALIFORNIANOS 26.- Son ciudadanos del Estado los hombres y las mujeres que, siendo Sudcalifornianos, hayan cumplido 18 años y tengan un modo honesto de vivir Adquieren la calidad de ciudadanos, los mexicanos que habiendo cumplido 18 años, tengan un modo honesto de vivir y hayan residido en el Estado durante 3 años efectivos Son prerrogativas del ciudadano Sudcaliforniano: I.- II.- III.- IV.- Votar en las elecciones populares en los términos que señale la Ley. Poder ser votado para todo cargo de elección popular, teniendo las calidades que establezca la Ley. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del Estado. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición; y 5

6 V.- Presentar Iniciativas ante el Congreso del Estado de acuerdo con los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley de la materia y en la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur; VI.- VII.- Participar en las consultas ciudadanas plebiscitarias y de referéndum; y Las demás que le confieran esta Constitución y las Leyes que de ella emanan Son deberes del ciudadano Sudcaliforniano: I.- II.- III.- IV.- V.- VI.- Inscribirse en el Catastro de la Municipalidad, manifestando sus propiedades, industria, profesión u ocupación. Inscribirse en los padrones electorales en los términos que determinen las Leyes. Alistarse en la Guardia Nacional. Votar en las elecciones. Ejercer los cargos de elección popular para los que fuere electo; y Desempeñar las funciones electorales, censales, las de jurado y las de Consejo del Municipio en que resida Los Sudcalifornianos serán preferidos para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones del Gobierno en que sea indispensable la calidad de ciudadano Las prerrogativas de los ciudadanos Sudcalifornianos se suspenden por incumplimiento de las obligaciones a las que se refiere el Artículo 29. Dicha suspensión durará un año, y se impondrá sin menoscabo de las demás sanciones que correspondan Las prerrogativas del ciudadano se recobran: I.- II.- III.- Por haber cesado la causa que originó la suspensión. Por rehabilitación. Por haber transcurrido el término de la suspensión La calidad de ciudadano Sudcaliforniano se pierde por sentencia ejecutoria que imponga esa pena. T I T U L O C U A R T O DEL TERRITORIO DEL ESTADO 34.- El territorio del Estado de Baja California Sur comprende: I.- Por el norte, el paralelo 28; por el oriente, el Golfo de California; por el sur y el poniente, el Océano Pacífico. 6

7 II.- Quedan comprendidas bajo la jurisdicción del Estado las Islas que a continuación se mencionan: Natividad, San Roque, Asunción, Magdalena, Margarita y Creciente, situadas en el Océano Pacífico; Cerralvo, Santa Catalina o Catalana, San Juan Nepomuceno, Espíritu Santo, San José de Santa Cruz, del Carmen, Coronados, San Marcos y Tortugas, situadas en el Golfo de California y, además, las islas, islotes y cayos adyacentes, localizados entre los paralelos 28 y 22 30' norte La ciudad de La Paz es la Capital del Estado y la Sede Oficial de los Poderes de la Entidad. T I T U L O Q U I N T O DE LA SOBERANIA Y DE LA FORMA DE GOBIERNO 36.- La soberanía del Estado reside esencial y originalmente en el pueblo Sudcaliforniano, quien lo ejerce por medio de los poderes constituidos en los términos de esta Ley fundamental. La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: I.- Los partidos políticos son entidades de interés público y tienen el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular. La Ley determinará las normas y requisitos para su registro legal y formas específicas de su intervención en los procesos electorales. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales. Los partidos políticos nacionales y estatales tienen como fin promover la participación del pueblo sudcaliforniano en la vida democrática, contribuir en la integración de la representación del Estado, y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público en las esferas estatal y municipal, de acuerdo a los programas, principios e ideas que postulan, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos, por tanto quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. La ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, las reglas para las precampañas y las campañas electorales, así como los límites a las erogaciones para tales efectos. Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta constitución y la ley. Para que una organización política pueda constituirse como partido político estatal, es necesario que además de los requisitos que la ley señale cuente con más del 0.5% del padrón electoral municipal vigente en la última elección como afiliados, cuando menos en tres de los Municipios que componen el Estado, siempre que el número total de sus miembros en la entidad no sea menor del 2.5% del total del padrón electoral. Un partido político estatal perderá a su registro por no haber obtenido cuando menos el 2.5% de la votación total estatal en algunas de las elecciones para Gobernador del Estado o Diputados de Mayoría Relativa al Congreso del Estado ya sea que haya participado solo o coaligado de 7

8 acuerdo a lo establecido en la ley de la materia, además de las otras causas de pérdida del registro que la ley señale. La negativa del registro como candidato o la cancelación del mismo, serán una de las sanciones que se aplicarán a los precandidatos que rebasen los topes de precampañas que establezca el Instituto Estatal Electoral. En el caso de las campañas electorales cuando se sobrepasen los topes de gastos establecidos será una de las causales de nulidad de elección del candidato que corresponda. II.- La Ley garantizará que en los procesos electorales estatales y municipales los partidos políticos cuenten de manera equitativa con los recursos para llevar a cabo sus actividades político electorales. Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la trasmisión en territorio estatal de este tipo de mensajes contratados fuera del Estado. De igual manera la ley determinará condiciones de equidad para que los partidos políticos tengan acceso a los medios de comunicación social, distintos a la radio y la televisión. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes estatales, como de los municipios, y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. III.- La Ley señalará las reglas a las que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos, de sus precampañas y campañas político electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado, asimismo establecerá la duración de dichas precampañas y campañas electorales. El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter especifico, mismas que se otorgarán de acuerdo con las disponibilidades presupuestales y conforme a lo prescrito en la Ley. La Ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos en los procesos internos de selección de candidatos y campañas electorales. Asimismo establecerá los montos máximos que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes cuyo monto total no excederá anualmente, por cada partido político, del diez por ciento del tope de gastos establecido para la última elección de gobernador. 8

9 La ley fijara las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales. Igualmente fijará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y el uso de todos los recursos con que cuenten, y señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones. La Comisión de Fiscalización del Financiamiento de los Partidos Políticos, está facultada para solicitar la intervención de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, a efecto de obtener información bancaria, fiduciaria o fiscal relacionada con las finanzas de los Partidos Políticos. La ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos políticos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados al Estado. IV.- La organización de los procesos electorales es una función que corresponde realizar al poder público, a través de un organismo público autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que se denominará Instituto Estatal Electoral y en cuya integración concurren el Poder Legislativo del Estado, los partidos políticos y los ciudadanos, en los términos que disponga la Ley. En el ejercicio de las funciones del organismo electoral, serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. El Instituto Estatal Electoral residirá en la Capital del Estado y se conformará por un Consejo General, que será su órgano superior de dirección, el cual se integrará por un Consejero Presidente y cuatro Consejeros Electorales con voz y voto. También concurrirán, con voz pero sin voto, un representante de cada uno de los partidos políticos que participen en las elecciones; un representante de cada una de las fracciones parlamentarias del Congreso del Estado y un Secretario General que se designará a propuesta del Consejero Presidente con la aprobación de la mayoría de los Consejeros Electorales. Los Comités Distritales y Municipales Electorales formarán parte de su estructura orgánica. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos. El consejero Presidente y los consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral, serán electos sucesivamente por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado de entre los propuestos por las fracciones parlamentarias del propio Congreso del Estado. Conforme al mismo procedimiento, se designarán un consejero presidente y cuatro consejeros electorales suplentes, en orden de prelación. El consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su encargo 6 años. La Ley señalará los requisitos que deben reunir el consejero Presidente y los consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral y determinarán las reglas y procedimientos correspondientes a su elección. El Instituto Estatal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que determine la Ley, las actividades relativas a la capacitación electoral y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la Ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de Diputados locales y Ayuntamientos, cómputo de la elección de Gobernador del Estado de Baja California Sur en cada uno de los distritos Electorales Uninominales, así como la 9

10 regulación de la observancia electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Lo relativo al catálogo general de electores, padrón electoral, Listado nominal y credencial para votar con fotografía, se sujetará a los convenios que celebre el Instituto Estatal Electoral con el Instituto Federal Electoral, preparar, desarrollar y vigilar los procesos de plebiscito y referéndum en el Estado y los Municipios. Las sesiones de todos los órganos electorales de dirección serán públicos en los términos que señale la Ley. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral podrá invitar, durante del proceso electoral, al Vocal del Registro Federal de Electores en el Estado, a las sesiones de dicho Instituto, a las cuales acudirá con voz pero sin voto, conforme a lo convenido con el Instituto Federal Electoral. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral podrá convenir con el Instituto Federal Electoral se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales. V.- Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la Ley correspondiente. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación. En materia electoral, la interposición de los medios de impugnación constitucionales o legales no producirá efectos suspensivos sobre la resolución del acto impugnado. VI.- La Ley correspondiente tipificará los delitos y determinará las faltas en materia electoral, así como las sanciones que por ellos deban imponerse El Estado adopta para su régimen interior, la forma de Gobierno Republicano, representativo, teniendo como base de su división territorial, de su organización política y administrativa, el Municipio Libre Baja California Sur es un Estado democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo El poder público del Estado se considera dividido, para el ejercicio de sus funciones, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. T I T U L O S E X T O DE LOS PODERES DEL ESTADO CAPITULO I SECCION I DEL CONGRESO 40.- El poder Legislativo se deposita en una asamblea que se denominará "Congreso del Estado de Baja California Sur". 10

11 SECCION II DE LA ELECCIÓN E INSTALACIÓN DEL CONGRESO 41.- El Congreso del Estado de Baja California Sur se integrará con dieciséis Diputados de Mayoría Relativa, electos en su totalidad cada tres años por votación directa y secreta mediante el sistema de Distritos Electorales Uninominales y hasta con cinco Diputados electos mediante el principio de Representación Proporcional, apegándose en ambos casos, a las siguientes reglas: I.- La base para realizar la demarcación territorial de los dieciséis Distritos Electorales, será la resultante de dividir la población total del Estado, conforme al último Censo General de Población, entre el número de Distritos señalados, teniendo también en cuenta para su distribución el factor geográfico y socioeconómico. II.- La asignación de diputados por el principio de representación proporcional se hará de acuerdo con el procedimiento que se establezca en la Ley, y se sujetará a las siguientes bases: a).- Se constituirá una sola circunscripción plurinominal que comprenderá todo el Estado. b).- Los partidos políticos tendrán derecho a que se les asignen diputados por el principio de representación proporcional, siempre y cuando hayan registrado candidatos, por lo menos, en ocho distritos electorales uninominales. c).- Para que un partido político tenga derecho a que le sean acreditados, de entre sus candidatos, diputados de representación proporcional, deberá alcanzar por lo menos el dos por ciento del total de la votación emitida para diputados de Mayoría Relativa, y siempre que no hayan logrado mas de cinco diputaciones de mayoría relativa, en los términos que establezca la ley. III.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral asignará las diputaciones por el principio de Representación Proporcional a los partidos políticos o coaliciones con derecho a ello, en los términos siguientes: a).- En primer término, asignará una diputación a todo aquel partido o coalición que tenga derecho a ello y no haya obtenido constancia de mayoría en ningún distrito electoral, conforme lo disponga la Ley de la materia. b).- Si después de hechas las asignaciones que se señalan en el inciso anterior aún quedaran diputaciones por distribuir, éstas se otorgarán a los partidos políticos o coaliciones que hayan logrado hasta cinco diputaciones de mayoría relativa, sin que en ningún caso logren más de seis diputaciones por ambos principios. c).- No podrán asignarse más de cuatro diputaciones por el principio de representación proporcional a los partidos políticos o coaliciones que no hayan obtenido diputación de mayoría relativa. Derogado Los Diputados de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional son representantes del pueblo Sudcaliforniano y tienen la misma categoría e igualdad de derechos y obligaciones. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente y la elección será por fórmula. 11

12 43.- Las elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa serán computadas y declaradas válidas por los órganos electorales en cuyo territorio se haya llevado a cabo el proceso electoral correspondiente, el que otorgará las constancias respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos, en los términos de la ley de la materia. El cómputo de las elecciones de diputados por el principio de Representación proporcional, así como la asignación de éstos, será efectuada por el Instituto Estatal Electoral. Se deroga Para ser Diputado al Congreso del Estado se requiere: I.- II.- Ser Sudcaliforniano y ciudadano del Estado en ejercicio de sus derechos; Tener 18 años cumplidos el día de la elección; y III.- Tener residencia efectiva no menor de un año anterior al día de la elección, en el distrito o en la circunscripción del Estado No podrá ser Diputado: I.- El Gobernador en ejercicio, aún cuando se separe definitivamente de su puesto, cualesquiera que sea su calidad, el origen y la forma de su designación. II.- Los Secretarios del Despacho del Poder Ejecutivo, el Procurador General de Justicia, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Jueces y cualquiera otra persona que desempeñe cargo público estatal, a menos que se separe definitivamente de su cargo sesenta días naturales antes de la fecha de las elecciones. III.- Los presidentes Municipales o quienes ocupen cualquier cargo Municipal, a menos que se separen de su cargo sesenta días antes de la elección. IV.- Los funcionarios y empleados federales en el Estado, a menos que se separen de su cargo sesenta días antes de la elección. V.- Los militares en servicio activo y los ciudadanos que tengan mando en los cuerpos de seguridad pública en el distrito electoral respectivo, si no se separan de sus cargos sesenta días anteriores a la elección; y VI.- Los ministros de algún culto religioso, a menos que se separen formal, material y definitivamente de su ministerio, cuando menos cinco años antes del día de la elección Los Diputados al Congreso del Estado no podrán ser reelectos para el período inmediato. Los suplentes podrán ser reelectos para el período inmediato con el carácter de propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio, pero los Diputados Propietarios no podrán serlo para el período inmediato con el carácter de Suplentes Los Diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas Los Diputados en ejercicio no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo público por el que disfruten de sueldo sin licencia previa del Congreso del Estado o de la Diputación 12

13 Permanente, pero entonces cesarán en su función representativa, mientras duren en su nuevo cargo. No quedan comprendidas en esta disposición las actividades docentes Son obligaciones de los Diputados: I.- II.- Asistir regularmente a las sesiones. Desempeñar las comisiones que les sean conferidas. III.- Visitar los distritos en los que fueren electos e informar a los habitantes de sus labores legislativas; y IV.- Al reanudarse el período de sesiones ordinarias, presentarán al Congreso del Estado un informe de sus actividades desarrolladas dentro y fuera de sus distritos correspondientes. SECCION III DE LAS SESIONES 50.- El Congreso del Estado tendrá, durante el año, dos Períodos Ordinarios de Sesiones; el primero, del 15 de Marzo al 30 de Junio; y el segundo, del 01 de Septiembre al 15 de Diciembre, el cual podrá prolongarse hasta el 31 de diciembre del mismo año. A convocatoria del Gobernador o de la Diputación Permanente, los Períodos de Sesiones del Congreso del Estado, podrán iniciarse hasta 15 días antes de la fecha establecida en el párrafo que precede El Congreso del Estado celebrará período extraordinario de sesiones, a convocatoria del Gobernador o la Diputación Permanente. En la convocatoria correspondiente se señalarán el motivo y la finalidad de los períodos extraordinarios No podrá celebrarse ninguna sesión sin la concurrencia de más de la mitad del número total de Diputados Los Diputados que no concurran a una sesión sin causa justificada o sin permiso del Presidente del Congreso del Estado, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que faltaren. Cuando algún Diputado deje de asistir por más de cinco sesiones continuas del Congreso del Estado, se entenderá por renuncia a concurrir al período respectivo. En este caso, se llamará al suplente para que lo reemplace Incurrirán en responsabilidad y se harán acreedores a las sanciones que la Ley señale quienes, habiendo sido electos Diputados, no se presenten, sin causa justificada, a juicio del Congreso del Estado, a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en el Artículo anterior. También incurrirán en responsabilidad, que la misma Ley sancionará, los partidos políticos que, habiendo postulado candidatos en una elección, acuerden que sus miembros que resultaren electos, no se presenten a desempeñar sus funciones. 13

14 55.- El Gobernador del Estado asistirá a la apertura del primer período ordinario de sesiones, en la que presentará un informe por escrito, exponiendo la situación que guarde la administración pública del Estado. Podrá asistir también, por sí o por conducto de un funcionario del Poder Ejecutivo, para informar cuando se trate algún asunto o proyecto sobre la materia a cargo del que comparece, si así lo acuerda el Congreso del Estado El Congreso se reunirá en la Capital del Estado, pero podrá cambiar provisionalmente su sede, si así lo acuerdan las dos terceras partes de la totalidad de los Diputados, notificando a los otros dos poderes. SECCION IV DE LA INICIATIVA Y FORMACION DE LAS LEYES Y DECRETOS 57.- La facultad de iniciar Leyes o Decretos compete a: I.- II.- III.- IV.- V.- Al Gobernador del Estado. Los Diputados al Congreso del Estado Los Ayuntamientos El Tribunal Superior de Justicia Los ciudadanos del Estado registrados en la lista nominal de electores, cuyo número represente cuando menos el 0.1% del total de dicho registro, mediante escrito presentado en los términos y con las formalidades que exijan las leyes respectivas, así como por conducto del Diputado de su distrito Las iniciativas se sujetarán al tramite que señale la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo. Una vez aprobadas, se remitirán al Gobernador del Estado para que proceda a su promulgación y publicación, a no ser que formule, si las hubiere, las observaciones pertinentes en un plazo no mayor de diez días hábiles Se considera aprobado todo proyecto de Ley o Decreto que no sea devuelto por el Gobernador en el plazo previsto en el artículo anterior La facultad de veto del Gobernador del Estado, se sujetará a las siguientes reglas: I.- II.- III.- IV.- Deberá expresarse si el veto es parcial o total. Una vez devuelto el Proyecto de Ley o Decreto por el Gobernador al Congreso del Estado con las observaciones respectivas, se procederá en términos de Ley a su discusión y votación. Si las observaciones son escuchadas al menos por las dos terceras partes de los miembros del Congreso, el Proyecto de Ley o Decreto se remitirá de nueva cuenta al Gobernador del Estado para su promulgación y publicación; Si las observaciones con veto parcial son aprobadas al menos por las dos terceras partes de los miembros del Congreso, se incorporaran en el proyecto de Ley o Decreto y se 14

15 remitirá de nueva cuenta al Gobernador del Estado para su promulgación y publicación; y V.- Si las observaciones con veto total son aprobadas al menos por las dos terceras partes de los miembros del Congreso, el Proyecto de Ley o Decreto quedara sin efecto, debiendo publicarse esta decisión en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado El Gobernador no podrá hacer observaciones sobre los acuerdos económicos, las resoluciones que dicte el Congreso del Estado erigido en jurado de sentencia o Colegio Electoral, las referentes a la responsabilidad de los servidores públicos, ni al Decreto de Convocatoria a período extraordinario de sesiones, expedido por la Diputación Permanente, ni a la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo Las iniciativas de Ley o Decreto que fueren desechadas por el Congreso del Estado, no podrán volver a ser presentadas en el mismo período de sesiones Toda resolución del Congreso del Estado tendrá el carácter de Ley, Decreto o Acuerdo Económico, las que a excepción de esta ultima se remitirán al Gobernador del Estado para su promulgación y publicación, por conducto del Presidente y el Secretario de la Mesa Directiva en funciones, con la formalidad siguiente: "El Congreso del Estado de Baja California Sur decreta: (Texto de la Ley o Decreto)". Las leyes expedidas por el Congreso del Estado, excepto las de carácter tributario o fiscal, podrán ser sometidas a referéndum, total o parcial, siempre que dentro de los sesenta días naturales posteriores a la fecha de su publicación cuando así lo solicite, y se cumplan los requisitos que fije la Ley. La ley establecerá el procedimiento a que se sujetará la organización de referéndum Son facultades del Congreso del Estado: SECCION V DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO I.- II.- III.- IV.- V.- VI.- Legislar en todo lo relativo al Gobierno del Estado. Expedir Leyes Reglamentarias y ejercer las facultades que le otorga la Constitución General de la República. Iniciar las Leyes o Decretos ante el Congreso de la Unión. Formular su Ley Reglamentaria, así como la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en todo el Estado la Declaración de Gobernador del Estado Electo, que hubiere emitido el Instituto Estatal Electoral; Legislar en materia de Coordinación Fiscal entre el Estado y los Municipios. 15

16 VII.- Elegir a los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, en los términos del artículo 99 de esta Constitución. VIII.- Convocar a elecciones para Gobernador, en caso de falta absoluta de éste ocurrida dentro de los dos primeros años del período Constitucional, conforme a lo establecido en este ordenamiento. IX.- X.- XI.- XII.- Convocar a elecciones extraordinarias para cubrir las vacantes de sus miembros. Erigirse en Colegio Electoral para elegir Gobernador sustituto que concluya el período Constitucional, en caso de falta absoluta de Gobernador ocurrida dentro de los cuatro últimos años de dicho período, de conformidad al artículo 72 de esta Constitución. Conceder a los Diputados licencia temporal para separarse de sus cargos. Decidir sobre las solicitudes de renuncia que formulen los Diputados y Gobernador del Estado para separarse definitivamente de sus cargos. XIII.- Declarar cuando alguna Ley o acto del Gobierno Federal invada la soberanía del Estado y solicitar al Procurador General de Justicia que haga la reclamación que corresponda. XIV.- Cambiar la sede de los Poderes del Estado. XV.- Ejercer las facultades que le otorga la Constitución General de la República en relación a la Guardia Nacional. XVI.- Determinar las características y el uso del escudo estatal. Autorizar la emisión de valores ya sea de manera directa o indirecta por el Estado y los Municipios, siempre que los recursos derivados de la misma se destinen a inversiones públicas productivas. XVII.- Solicitar la comparecencia de funcionarios públicos para que informen, cuando se discuta o estudie un negocio relativo a su dependencia. XVIII.- Erigirse en Jurado de Sentencia en los juicios a los que se refiere el Artículo 158 de esta Constitución. XIX.- Declarar si ha lugar o no al proceso al que se refiere el Artículo 159 de esta Constitución. XX.- Elegir la Diputación Permanente. XXI.- Resolver soberana y discrecionalmente respecto a la elección y remoción de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, así como resolver soberanamente respecto a la reelección o no reelección de los mismos. Dichas resoluciones serán definitivas e inatacables, por lo que no procederá juicio, recurso o medio de defensa ordinario o extraordinario alguno en contra de las mismas. Asimismo, otorgar o negar su aprobación a las licencias por más de un mes y conocer de las renuncias de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia que le someta el Gobernador del Estado. 16

17 XXII.- Legislar en todo lo relativo a la administración pública. XXIII.- Autorizar la participación del Gobernador en comisiones interestatales de desarrollo regional. XXIV.-Autorizar al Gobernador para celebrar Convenios con la Federación y con los Ayuntamientos del Estado. XXV.- Otorgar reconocimiento a los ciudadanos que hayan prestado eminentes servicios a la entidad o a la humanidad. XXVI.- Autorizar al Titular del Poder Ejecutivo para contratar empréstitos a nombre del Estado y a los Ayuntamientos para contratarlos a nombre de los Municipios, así como a los Organismos Descentralizados Estatales, Municipales o Intermunicipales, a las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, Municipal o Intermunicipal; y a los Fideicomisos Públicos, que formen parte de la Administración Pública Paraestatal o Paramunicipal, siempre que se destinen a inversiones públicas productivas, conforme a las bases que se establezcan en la Ley correspondiente, y por los conceptos y hasta por los montos aprobados. Autorizar al Gobernador para que, en representación del Estado, se constituya en garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de los Municipios, de los Organismos Descentralizados Estatales, Municipales o Intermunicipales, de las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, Municipal o Intermunicipal; y de los Fideicomisos Públicos, que formen parte de la Administración Pública Paraestatal o Paramunicipal. Autorizar la emisión de valores ya sea de manera directa o indirecta por el Estado y los Municipios, siempre que los recursos derivados de la misma se destinen a inversiones públicas productivas. XXVI Bis.- Autorizar al Titular del Poder Ejecutivo, así como a los Municipios del Estado, la celebración de Contratos de Servicios de Largo Plazo, que tengan por objeto prestar diversos servicios que la ley prevea, con la participación del sector privado. Asimismo, aprobar en el Presupuesto de Egresos del Estado correspondiente, las partidas necesarias para cumplir con las obligaciones contraídas con motivo de dichos contratos, durante la vigencia de los mismos. XXVII.- Autorizar al Gobernador para que enajene, traspase, hipoteque, grave o ejerza cualquier acto de dominio sobre los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al Estado, cuando el valor sea mayor de N$150, (Ciento cincuenta mil nuevos pesos 00/100 m.n.), previo avalúo practicado por la Dirección de Catastro. El Gobernador dará cuenta al Congreso del Estado del uso que hiciere de esta facultad; XXVIII.- Informarse de las concesiones y contratos de obras otorgados por el Gobernador. XXIX.- Nombrar y remover libremente a los empleados del Poder Legislativo y a los del Órgano de Fiscalización Superior. XXX.- Examinar y aprobar, en su caso, la cuenta pública del año anterior, que será presentada dentro de los primeros quince días posteriores a la apertura del primer periodo ordinario de sesiones, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si han respetado los criterios señalados en los presupuestos y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas del gobierno del estado, entes públicos estatales, 17

18 de los gobiernos municipales, de los entes públicos municipales, de los entes públicos autónomos, del destino del gasto público que reciban, administren o ejerzan bajo cualquier concepto todas las personas físicas y morales de derecho privado. La revisión y fiscalización de la cuenta pública será realizada a través del Órgano de Fiscalización Superior, bajo los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad, el cual tendrá autonomía técnica y de gestión para el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre so organización interna, recursos, funcionamiento y resoluciones. XXXI.- Aprobar, y en su caso modificar, el Presupuesto de Egresos del Estado y fijar las contribuciones para cubrirlo. Cuando por cualquier circunstancia no llegare a aprobarse la Ley de Ingresos del Estado, se aplicará la que se haya aprobado y publicado con la fecha más reciente en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Asimismo, cuando también por cualquier circunstancia no se aprobare el presupuesto de Egresos del Estado, se aplicará el que se haya aprobado y publicado con la fecha más reciente en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. XXXII.- Informarse de las facultades del Gobernador cuando éste tome medidas de emergencia en caso de desastre. XXXIII.- Aprobar y decretar las Leyes de Hacienda y de Ingresos Municipales, tomando en consideración su independencia económica, revisar y fiscalizar sus cuentas públicas. Cuando por cualquier circunstancia no llegare a aprobarse la Ley de Ingresos de alguno o algunos de los Municipios del Estado, se aplicarán respectivamente las que se hayan aprobado y publicado con la fecha más reciente en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. XXXIV.- Decretar la Ley Orgánica Municipal. XXXV.- Crear o suprimir Municipios y reformar la división política del Estado mediante el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los Diputados. XXXVI.- Emitir las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presentan entre los Ayuntamientos entre sí, y entre estos y el poder Ejecutivo del Estado por motivo de la celebración de convenios, el ejercicio de sus funciones y la prestación públicos municipales; XXXVII.- Suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido, y suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros por alguno de los casos previstos en la Ley, mediante el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los integrantes del Congreso del Estado. XXXVIII.- En Caso de declararse desintegrado un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Congreso del Estado designará a un Consejo Municipal, el cual estará integrado por el mismo número de miembros del Ayuntamiento y se elegirá de entre las propuestas de hasta 10 ciudadanos quienes deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad para los regidores, que presenten ante el Congreso del Estado cada una de las fracciones parlamentarias. 18

19 XXXIX.- Expedir la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública. XL.- XLI.- Expedir Leyes para fijar la extensión máxima de la propiedad rural, en los términos del Artículo 27 Fracción XVII de la Constitución General de la República. Determinar el patrimonio familiar señalando los bienes que lo integran, sobre la base de su naturaleza inalienable, ingravable e inembargable. XLII.- Legislar sobre seguridad social, teniendo como objetivo permanente la superación del nivel de vida de la población, mejoramiento de su salud y el saneamiento del medio ambiente. XLIII.- Autorizar a los Ayuntamientos del Estado a celebrar convenios entre sí, con el Gobierno del Estado y con Ayuntamientos de otros Estados para ejecución de obras y prestación de Servicios Públicos, así como emitir el procedimiento y condiciones para que el Gobierno Estatal asuma temporalmente una función o servicios municipal, previa solicitud del Ayuntamiento respectivo, aprobado por cuando menos dos terceras partes de sus integrantes, cuando al no existir el convenio correspondiente, el Congreso del Estado, considere que el Ayuntamiento de que se trate esté imposibilitado para ejercerlas o prestarlas. XLIV.- Expedir las leyes que instituyan el Tribunal Unitario de lo Contencioso Administrativo del Estado y de los Ayuntamientos de la Entidad, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, mismos que tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre las administraciones públicas estatal y municipales y las particulares, y establezcan las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones. XLV.- Elegir al Magistrado del Tribunal Unitario de lo Contencioso Administrativo de una terna de candidatos propuesta por el Ejecutivo Estatal, de la que será electo por mayoría simple de votos de los Diputados que integran la Legislatura, en un término improrrogable de diez días hábiles, y el que deberá reunir los mismos requisitos que el artículo 91 de esta Constitución exige para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia; y sólo podrá ser privado de su cargo, en los términos señalados en los artículos 93 y 101 de la Carta Fundamental del Estado. XLVI.- Elegir al Procurador General de Justicia, de una terna de aspirantes propuesta por el Gobernador del Estado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, elegirá a quien ocupara el cargo. La elección del Procurador se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del congreso, dentro del improrrogable plazo de diez días naturales para hacerlo; y en el caso de que, vencido ese plazo, aún no se haya realizado la elección, el titular del ejecutivo procederá a hacer la designación de entre los propuestos. XLVII.- Solicitar al Instituto Estatal Electoral someta a plebiscito de los ciudadanos los actos del Poder Ejecutivo que sean trascendentales para el orden público o el interés social del Estado, y en su respectiva circunscripción territorial los actos que pretendan efectuar los ayuntamientos, así como los convenios que tengan programado celebrar con otros municipios. XLVIII.- Elegir al Presidente y Consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; así como a los Consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 19

Mabel Don't Call Me Up | Regarder | August 9, 2017